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Vestalia Sampedro: MUD dejó constancia de irregularidades en designación de magistrados en 2015 (13 - 6 - 2017)

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Vestalia Sampedro: Se hizo mediante voto salvado en la Asamblea Nacional

              MUD dejó constancia de irregularidades

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*** Ante la pérdida del control del parlamento, el Interés político de asegurarle al Poder Ejecutivo el control del Poder Judicial privó en la selección de los magistrados en ese momento.

Valencia (Prensa Proyecto Venezuela).- La diputada a la Asamblea Nacional por Proyecto Venezuela, en el período 2010-2015, Vestalia Sampedro aseguró que a ella le correspondió ante la Cámara Legislativa en sesión del 22 de diciembre dejar constancia del voto salvado por la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en nombre de la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Acusa Sampedro, quien fuera diputada durante varios períodos legislativos, que “el procedimiento de designación de Magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia estuvo plagado de irregularidades desde el comienzo. Se inició sin que se conocieran con certeza las vacantes existentes y fue objeto de sucesivas prórrogas hasta la última, en la cual el lapso de postulaciones quedó indefinidamente abierto, violándose lo establecido en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”.

Como fundamento de esta prórroga por tiempo indefinido, el presidente del Comité de Postulaciones Judiciales para ese entonces adujo que “el número de las vacantes en el Máximo Tribunal podía aumentar, lo cual confirma la ilicitud del proceder del comité, ya que según la ley citada, la certidumbre sobre las vacantes debe constar antes de activarse el procedimiento de designación, sin que ello genere riesgo alguno de vacío de poder, pues conforme a la ley y a la práctica que siguió la propia Asamblea Nacional con ocasión de las designaciones del 2014, en caso de vacante asumen los suplentes, mientras se adelanta el procedimiento de designación de nuevos magistrados principales”.

Continúa diciendo Sampedro que el interés político privó en dicha selección para impedir que la Asamblea Nacional ya electa participara en la selección de los magistrados, tal como ha debido suceder, “con lo cual no hubiese sido un proceso amañado con las terribles consecuencias para nuestra nación e incluso hubo la desfachatez de ejercer presiones dirigidas a adelantar el retiro de aquellos cuyo periodo vencía en el 2016”.

Entre los vicios ha de añadirse –dijo la ex parlamentaria de Prove- el quebrantamiento de los lapsos fijados en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para la tramitación del procedimiento de designación, los cuales responden a la necesidad de salvaguardar principios constitucionales fundamentales. Dichos lapsos hacen posible la participación de la ciudadanía en el procedimiento de selección de los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. “Téngase presente que la Constitución es clara al exigir que la primera preselección de los candidatos a magistrados de este tribunal se debe hacer oyendo la opinión de la comunidad”.

Además aseguró Sampedro que prevé que los ciudadanos podrán ejercer objeciones ante dicho Comité o ante la Asamblea Nacional para garantizar el derecho de participación de la ciudadanía (art. 264 de la Constitución), lo cual se desarrolla en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Los lapsos que esta señala para la presentación de objeciones a las candidaturas y para su consideración por el Comité pretenden garantizarlo. Asimismo se privó el que se efectuara un examen serio o riguroso de las postulaciones recibidas, y se atendieran a los criterios de mérito cónsonos con la alta función que se iba a desempeñar.

En ese sentido, se hizo mención en el voto salvado del flagrante desconocimiento del lapso de quince días continuos fijado en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para la presentación de objeciones por la ciudadanía en contra de los postulados, así como de los plazos posteriores de ocho y tres días que permiten al Comité considerar las objeciones presentadas, y que luego de ser admitidas, se escuchara la defensa de los aspirantes respecto de aquellas, respectivamente.

Manifestó la ex parlamentaria que estos lapsos se incumplieron abiertamente, y se procedió el día 22 de diciembre a la convocatoria a sesión, a pesar de que aún no había vencido el lapso de quince días previsto en el artículo 71 de esa ley, con respecto a la formulación de objeciones, el cual debe ser agotado y permanecer abierto hasta su finalización. “Tan grave como esto es que la sesión convocada se celebró sin que el Comité de Postulaciones Judiciales efectuara el examen serio de las objeciones recibidas”.

Igualmente, estima que representó una grave infracción constitucional y legal que el Comité procediera a realizar la primera preselección de aspirantes sin que se hayan evaluado seriamente las candidaturas conforme al baremo aprobado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. “Pretender que el Comité efectúe esta evaluación dentro del lapso de quince días previsto para la formulación de objeciones y antes de que este se agote, implica dejar completamente de lado la participación ciudadana que la Constitución quiere asegurar y el rigor en la selección”.

Por tales razones, dijo Sampedro es que consideramos que “el origen de todas estas irregularidades deviene en que la base del funcionamiento del Estado democrático en la autonomía de los poderes se quebrantó, especialmente el judicial, causando desviaciones perversas a la aplicación de la justicia, carencia de control y limites al ejercicio de ese poder por encima del interés general que nos demanda la norma constitucional y tan necesarios para evitar los excesos y errores que nos ha conducido hasta ahora a la debacle económica, social, judicial, política y moral que padecemos hoy, sin responder a los intereses y necesidades de una población suficientemente golpeada”.

 “Atropelladamente, actuó la junta directiva de la Asamblea Nacional del período anterior y el resto de la bancada de diputados que representan al oficialismo en la designación de magistrados, evidenciando su afán de garantizarle al Poder Ejecutivo el control del Poder Judicial, seleccionando a su discreción a los máximos jueces de la nación e impedir sin ética y moral decisiones que correspondían al nuevo Parlamento, expresión inequívoca y mayoritaria de la soberanía popular venezolana que nosotros no podemos legitimar”, culminó.

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