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''¿Es posible que se aplique la Injerencia Humanitaria en Venezuela?''/ Por: José A. Acosta/ Trabajo Especial (19 - 2 - 2019)

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Análisis fáctico y doctrinario

           ''¿Es posible que se aplique la Injerencia

                       Humanitaria en Venezuela?'' TAGS:undefined

Por: José A. Acosta
Estudiante de 5º año de Derecho.
Universidad de Carabobo – Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Carabobo – Venezuela.
17 de Febrero, 2019

- Introducción - 

Recientemente, ha estado nuevamente en el ir y venir de la opinión pública y el acontecer nacional, el artículo 187 de la Constitución Nacional, más específicamente, su numeral 5º, referido a la atribución de decretar amnistías, y se dice nuevamente, porque el numeral de interés para el presente análisis, el 11º, fue el motivo de la tensión que se generó en diciembre de 2018, con la llegada aviones de guerra con capacidad nuclear provenientes de Rusia con motivo de una misión militar.

Al respecto, ha venido llamando la atención de la ciudadanía venezolana, desde el ciclo de protestas manifestado en Venezuela durante el año 2017, la figura denominada más comúnmente como “injerencia humanitaria” o “intervención humanitaria”, y más recientemente, con los hechos suscitados desde el 10 de enero del año en curso, la “ayuda humanitaria”, además de la denominada “responsabilidad de proteger”, ésta última acordada en el seno de una Cumbre Mundial de la Organización de las Naciones Unidas. Se hace necesario desentrañar las cuales sus respectivos conceptos, y las diferencias entre sus contenidos y alcance, además de su muy estrecha relación con el principio de no intervención.

En este sentido, serán analizados los conceptos previamente mencionados, a la luz de diversas consideraciones realizadas por autores patrios, y provenientes de una gran diversidad de países, manteniéndonos en concordancia con la realidad sociopolítica que en estos momentos vive la ciudadanía venezolana, la cual será también desarrollada para lograr así una mejor compresión del del tema en cuestión, además de resaltar y analizar la disposición constitucional mencionada anteriormente, respecto a la autorización de misiones militares extranjeras en Venezuela, para de este modo finalmente dar respuesta a la interrogante principal, ¿es posible que se aplique la injerencia humanitaria?

- Principio de no intervención en el Derecho Internacional - 

Por su relevancia en materia de Derecho Internacional público, se tocará primeramente lo relacionado a este principio, entrando en contexto dentro del tópico, en este sentido, la intervención o injerencia, de acuerdo a lo afirmado por Marcano Salazar (2012), es posible aproximarnos a un concepto de intervención que responda a tres variables coincidentes: 1. Es la acción que ejerce un sujeto de Derecho sobre otro, 2. A partir del uso de algún tipo de fuerza, 3. Para aspirar que satisfaga los intereses del sujeto que interviene (p. 184), este concepto se encuentra vinculado con el principio de no intervención, el cual, siguiendo lo establecido por Carrillo Salcedo (1976), citado por Marcano Salazar (op. cit.), es un “principio del Derecho Contemporáneo que sanciona la obligación que tiene los Estados de no intervenir en otros Estados, cumpliéndose así el principio de autodeterminación de los pueblos”. (p. 192), sin embargo, se considera que existen dos excepciones al principio: 1. Cuando se usa la fuerza en defensa propia, 2. Cuando se usa la fuerza por autorización del Consejo de Seguridad, de acuerdo con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

Sin embargo, en consideración del autor citado, el establecimiento de mecanismos regionales de preservación de principios como la democracia o los derechos humanos, requiere de la posibilidad de intervenir en los Estados que pudieren ver amenazadas sus instituciones democráticas o asisten a dramáticas violaciones de los derechos humanos de su población, “sin esta posibilidad de intervención, difícilmente pueden prosperar tales mecanismos.”, además, agrega “Con la existencia de un mundo de realidades internacionales conectadas, no hay frontera segura para contener amenazas probables.” (p. 195)

Consideramos necesario tomar lo señalado por Remiro Brotóns (2007) quien destaca que el artículo 2.7 de la Carta dispone, en efecto, que este principio "no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII" y la Declaración sobre los Principios cierra los párrafos dedicados a la no intervención advirtiendo que nada en ellos "deberá interpretarse en el sentido de afectar las disposiciones de la Carta de las UN relativas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales". (p.144)

- Injerencia humanitaria y ayuda humanitaria - 

La injerencia humanitaria, de acuerdo a lo referido por Herdegen (2005) se trata de “una excepción no escrita, en la doctrina del derecho internacional se discute desde hace algún tiempo la intervención humanitaria para salvar a los propios nacionales (intervención humanitaria en sentido estricto) o para la salvación de los nacionales de un Estado extranjero en el caso de graves violaciones de los derechos humanos (intervención humanitaria en sentido amplio)” (p. 247). Al respecto, podemos complementar con las afirmaciones realizadas por Holzgrefe y Keohane (2003) quienes la definen como “la amenaza o uso de la fuerza a través de las fronteras estatales por un Estado (o grupo de Estados), con el objetivo de prevenir o dar por terminadas las severas violaciones de los derechos humanos de los ciudadanos del territorio donde se lleva a cabo la injerencia, sin el permiso del Estado donde se está aplicando la fuerza” (p. 18), es una idea que ha venido cobrando fuerza en tiempos recientes, de acuerdo a la cual la injerencia militar en asuntos internos de un país, realizada con o sin su consentimiento, podría ser una acción legítima. Además de lo señalado en la definición citada, se añade como característica para definirla, que ya hayan fracasado los esfuerzos diplomáticos o han resultado insuficientes, o la gravedad de la situación hace que se estime que no sea admisible perder más tiempo en medios pacíficos. (Candil Muñoz, 2003).

La ayuda o asistencia humanitaria, por su parte, consiste en las “acciones de ayuda a las víctimas de desastres (…), orientadas a aliviar su sufrimiento, garantizar su subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y defender su dignidad, así como, a veces, a frenar el proceso de desestructuración socioeconómica de la comunidad y prepararlos ante desastres naturales.” (Abrisketa y Pérez de Armiño, 2006), sin embargo, estas características no son taxativas, pues en cuanto a la protección de derechos humanos y proporcionar garantías para su subsistencia, pudiera la ayuda humanitaria perfectamente emplearse en beneficio de las víctimas de un sistema de gobierno que llevara al Estado respectivo a entrar en la categoría de “Estado Fallido”, en este caso, la ayuda sería proporcionada por actores internacionales, con un carácter subsidiario respecto a la responsabilidad del Estado de asistir a su propia población, y en principio se realiza con su consentimiento (Abrisketa y Pérez de Armiño, op. cit.).

Pudieran establecerse como diferencias entre ambas acciones, que la injerencia humanitaria se lleva a cabo con o sin el consentimiento del Estado donde se practican violaciones sistemáticas a los derechos humanos, para proteger a ese grupo humano, mediante el uso de la fuerza, mientras que la ayuda humanitaria, consiste en una simple labor de asistencia, llevada a cabo en principio con la autorización o consentimiento del Estado receptor, a las víctimas de alguna catástrofe.

- Responsabilidad de proteger - 

Primeramente, siguiendo las consideraciones realizadas por Ajigboye (2014), los Estados aceptan los tratados internacionales, cuando se trata de temas de gran relevancia como lo son la esclavitud, ataques armados contra civiles, la tortura, y otros actos crueles como el genocidio, limpieza étnica o los asesinatos masivos, entre otros. Asevera además que el Derecho Internacional carece de jerarquía o fuerza de ley para dar un tratamiento efectivo a los mencionados asuntos, con o sin intervención, debido a que el Derecho Internacional no es vinculante en su naturaleza, se alienta a los Estados que formen parte de un sistema legal internacional en la medida de su voluntad. Complementa además afirmando que “el Derecho Internacional, que primeramente se ocupó de la protección de los derechos humanos de forma individual, ahora, se centra en los derechos colectivos. Los miembros de las Naciones Unidas están obligados a preservar estos derechos colectivos en sus territorios.” (p. 6), cuando estos derechos son violados sistemáticamente dentro del territorio de un Estado miembro en particular, se convierte en un asunto internacional.

En este orden de ideas, el 16 de septiembre de 2005, se celebró la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas, la totalidad de los Jefes de Estado y de Gobierno, aceptaron oficialmente la responsabilidad de cada Estado de proteger a su población, en los siguientes términos:

“Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esa responsabilidad conlleva la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a su comisión, mediante la adopción de las medidas apropiadas y necesarias. Aceptamos esa responsabilidad y convenimos en obrar en consecuencia. La comunidad internacional debe, según proceda, alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad y ayudar a las Naciones Unidas a establecer una capacidad de alerta temprana.” (Organización de las Naciones Unidas, 2005).

La respuesta tomada por la comunidad internacional es garantizar que los Estados puedan actuar o responder ante las necesidades humanas dentro de sus territorios, bajo la doctrina de la “Responsabilidad de Proteger” (a la cual se le conoce comúnmente como R2P), la cual refleja la transformación en del Derecho Internacional, al abordar un imperativo moral, independientemente de las fronteras internacionales, asignando entonces a los Estados una responsabilidad mayor respecto a los derechos de los ciudadanos, incluso con aquellos que se encuentran fuera del territorio y control de un Estado. (Ajigboye, op. cit.).

Teniendo en cuenta lo previamente analizado referente al principio de no intervención, además de lo señalado por el autor anteriormente citado, puede entonces considerarse que existe una colisión, sin embargo, nos apegamos al criterio de Zabaleta Colón (2014), quien afirma que la dignidad humana prevalece sobre la primacía de los Estados, en este caso, la intervención preventiva prevista por esta responsabilidad de proteger, constituye una obligación para la comunidad internacional para actuar en defensa de los derechos humanos de las víctimas, sin embargo, de acuerdo a su razonamiento, “la reubicación del individuo en el centro del escenario internacional es posterior a la creación de Naciones Unidas” (p. 10), por lo que resulta difícil encuadrar la mencionada idea con la Carta fundamental de la ONU, la cual entró en vigencia en junio de 1945.

- Misiones militares extranjeras en Venezuela,

de acuerdo a la Constitución Nacional - 

Para entrar en contexto, el artículo en cuestión determina las funciones que tiene la Asamblea Nacional en el ejercicio del Poder Legislativo, el numeral 11 señala textualmente: “Corresponde a la Asamblea Nacional: 11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”, cabe destacar, que una misión militar, u operación militar, puede ser definida como: 1. Una secuencia de acciones tácticas con un propósito común o tema unificador, 2. Una acción militar o la realización de un servicio estratégico, operativo, táctico, entrenamiento, o misión militar administrativa. (Department of Defense, 2019, p. 173)

La autorización legislativa, como plantea Goldstein (2008) es la “venia que el Poder Ejecutivo solicita que preste el Poder Legislativo, para la realización de determinados actos, sin cuyo otorgamiento serían de imposible ejecución” (p. 86), en este sentido, sostiene Brewer-Carias (2011), que la autorización legislativa “es simplemente una de las tantas funciones de control político que ejerce la Asamblea Nacional respecto del Poder Ejecutivo.” (p. 63), y es posible complementar estas ideas con el comentario realizado por Zambrano (2004), quien argumenta que esta autorización “es una prerrogativa que se concede a la Asamblea Nacional y que viene dada fundamentalmente por la injerencia que tradicionalmente se le ha concedido al órgano legislativo en el control de las decisiones del Presidente en la esfera castrense y, especialmente, en el marco de las relaciones internacionales” (p. 250). Es decir, la función de esta autorización es evitar la arbitrariedad en cuanto a las decisiones en materia de misiones militares que pudiere tomar el Ejecutivo Nacional, debiendo considerar la Asamblea Nacional previamente, si tales acciones militares provenientes del extranjero pueden tomar lugar o no en el territorio de la República.

Cabe destacar que en diciembre de 2018, arribó a Venezuela una misión militar proveniente de Rusia, de acuerdo a la disposición citada, corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional la autorización de estas misiones militares, al respecto, el presidente de la comisión de Defensa, Edgar Zambrano, se solicitó una investigación para determinar responsabilidades en la violación de la Constitución. (Morales, 2018). Respecto al tópico, el diputado Francisco Sucre, mediante un comunicado, sostuvo que se constituyó una violación al numeral 11 del artículo 187, al no estar la Asamblea en conocimiento ni mucho menos haber autorizado la autorización. (Unidad Venezuela, 2018)

- Panorama venezolano actual - 

Se puede afirmar que la situación sociopolítica que en la actualidad se manifiesta en la nación, es extraordinaria e inédita, debido a la gran cantidad de particularidades que se presentan. Existe actualmente lo que se ha denominado como “crisis presidencial”, desde que el 15 de enero del año en curso, la Asamblea Nacional en sesión ordinaria declaró formalmente la usurpación de Nicolás Maduro, además, invoca los artículos 233, 333 y 350 de la constitución, a fin de adoptar las medidas para restituir el orden constitucional (Asamblea Nacional, 2019), luego de haber declarado inexistente “la farsa electoral celebrada ayer 20 de mayo por estar al margen de la constitución y desconocen los resultados que eligen a Maduro como Presidente de la República” (Asamblea Nacional, 2018). El 23 de enero, el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentó como Presidente encargado de la República, en medio de una concentración convocada para ese día, pronunciando "juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres". (Silva, 2019).

El 7 de febrero, Guaidó afirmó en una entrevista que la Asamblea tiene la facultad de autorizar el uso de una fuerza internacional para restituir el orden constitucional, resaltando además la responsabilidad otorgada a los países de actuar para proteger la vida humana en cualquier territorio, cuando las previsibles pérdidas humanas sean considerables (EVTV Miami, 2019). En los días posteriores, se dio a conocer que diversos países ya realizaban acopios y recolecciones que compondrían la ayuda humanitaria, la cual, el 12 de febrero, se afirmó que ingresaría a la nación el próximo 23 de febrero. (El Acarigüeño. 2019).

Respecto de la crisis humanitaria actual, el Observatorio Venezolano de la Salud (2018) destaca en su Reporte Nacional publicado en diciembre de 2018, que el país atraviesa una Emergencia Humanitaria Compleja desde el 2015, que compromete severamente el derecho a la alimentación y especialmente de las poblaciones en extrema pobreza por los efectos del hambre y la desnutrición, señalando, entre otras cifras, que el 94% de la población nacional no cuenta con ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos y de servicios básicos, el 80% de los hogares vive en inseguridad alimentaria por el cierre de establecimientos, escasez y costo de los alimentos, además de fallas en los suministros de gas, agua y electricidad, y el 33% de los niños entre 0 a 2 años de sectores pobres tiene retardo de crecimiento.

Por otra parte, para el cierre del 2018 se manifestaba un desabastecimiento de medicinas del 85%, además, la Asociación Civil Convite reportó que el 100% de los laboratorios presentan fallas severas para realizar pruebas diagnósticas y el 69% de los bancos de sangre no pueden garantizar tratamientos de infusión seguros. Adicionalmente, Rafael Narváez (abogado y defensor de los Derechos Humanos) aseguró que “solo un Estado que desprecia al ser humano, no permite salvar la vida de los más vulnerables”, además agrega que “El derecho a la salud es un derecho constitucional y fundamental, es obligación del Estado salvar vidas y al no hacerlo está vulnerando los derechos humanos establecidos en nuestra constitución y en los pactos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela (García, 2019). Respecto de esta situación, Castro (2019) expresa que “Venezuela se ha transformado en un estado fallido. Existe un proceso de desintegración acelerada de las estructuras estatales. Han reaparecido enfermedades extinguidas, el nivel de criminalidad es el más alto de América Latina. Hay una situación de hambre (…).” Declarando además que esta crítica realidad “es la causa fundamental por la que más de 4 millones de venezolanos han abandonado el país”

Respecto al ingreso de la ayuda humanitaria, el Presidente de Colombia, Iván Duque, afirma que debe garantizarse la entrada de la misma, la obstrucción de la ayuda humanitaria constituye un crimen de lesa humanidad, violando resoluciones emitidas por las Naciones Unidas para la protección de refugiados y población vulnerable, habiendo países comprometidos en entregar esa ayuda humanitaria, “no puede un usurpador condenar a un pueblo a que se muera de hambre.” (Venezuela Noticias, 2019)

En este orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, el 8 de febrero del presente año, de conformidad con los artículos 2, 3, 19, 22, 23, 29 y 187.11 de la Constitución, relativos a la defensa y protección de derechos humanos y obligaciones internacionales de la Republica en dicha protección, acuerda solicitar a la Comunidad Internacional “apoyar la apertura de dicho canal internacional, por medios diplomáticos o por cualquier otro, incluida una coalición militar en misión de paz para ejecutar perentoriamente la Ayuda Humanitaria, a fin de cumplir con el mandato impuesto por esta medida cautelar urgente, que tiene como fin proteger a la población de las calamidades que sufre por la falta de alimentos, medicinas y asistencia médica” (Tribunal Supremo de Justicia, 2019). Adicionalmente, este Tribunal Supremo en el exilio tuvo la oportunidad de realizar una intervención en la Conferencia Mundial de la Organización de Estados Americanos, destacando que la ayuda humanitaria aún no se encuentra dentro de Venezuela, y afirmando que promueven la activación de la doctrina de Responsabilidad de Proteger. (Arévalo, 2019)

Siguiendo lo planteado, destacamos que la alianza de movimientos políticos denominada “Soy Venezuela”, difundió el 11 de febrero de 2019 un comunicado en el que exhorta a la comunidad internacional a aplicar el principio de la Responsabilidad de Proteger, debido a los impedimentos que ha puesto el régimen de Nicolás Maduro a la entrada de la ayuda humanitaria. Declarando, además, que el ejercicio activo de la Responsabilidad de Proteger de los países que atiendan el llamado de los venezolanos e intervengan, “llevando a cabo actos humanitarios en defensa de la persona humana y en apoyo a la satisfacción de inalienables derechos básicos”, añadiendo que este mecanismo “está plenamente justificado y tiene prioridad por encima de la norma de no intervención establecida en la Carta de las Naciones Unidas”. (Contrapunto, 2019).

- Conclusión - 

Según lo observado y estudiado en el desarrollo del análisis se ha podido determinar la significación y alcances de la denominada injerencia humanitaria, y por otra parte, de la ayuda humanitaria, teniendo como distinción principal el uso de la fuerza en cuanto a la injerencia, con o sin el consentimiento del Estado que manifiesta la situación de crisis, y su objetivo de dar por terminadas situaciones que pongan en peligro la dignidad humana; mientras que la ayuda humanitaria, es una forma de cooperación y asistencia con las víctimas de una catástrofe, con el consentimiento del Estado que recibe esta ayuda. Se puede determinar que existe una estrecha relación de este concepto estudiado de injerencia humanitaria, con la denominada “Responsabilidad de Proteger”, aceptada por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, en el seno de la Cumbre Mundial del 2005, la cual determina que cada Estado tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos de los crímenes de lesa humanidad, siendo esta última considerada por diversos diputados y personalidades políticas de la nación, solicitando su activación. En este orden de ideas, se pudo analizar en contraposición el principio de no intervención presente en el Derecho Internacional, y como se considera una “transformación” del mismo, el surgimiento de la Responsabilidad de Proteger, para poder dar una verdadera respuesta eficiente respecto a una situación de violación de derechos humanos manifestada en un Estado determinado.

Por otra parte, se pudo determinar la gravedad de la crisis humanitaria que se manifiesta en la nación actualmente, siguiendo diversas cifras y datos ofrecidos por asociaciones y organizaciones, la cual se ha ido agravando con el transcurso de los últimos años, situación dentro de la cual se determina que el Estado venezolano se ha visto incurso en la violación del derecho a la salud y a la alimentación, además de que, en medio de esta situación, el régimen de Maduro no permitió la entrada a la ayuda humanitaria y sigue reafirmando su posición de negación de esta situación de emergencia humanitaria compleja, viéndolo como una excusa para la intervención extranjera en Venezuela. Es conocido que esta situación se ha convertido en una preocupación internacional, no solo por la mencionada emergencia, también por la masiva migración de ciudadanos venezolanos huyendo de las graves carencias, fenómeno manifestado desde el 2015.

De acuerdo a lo analizado en la disposición constitucional contenida en el numeral 11 del artículo 187 de la Constitución Nacional, la Asamblea Nacional puede autorizar el empleo de misiones militares extranjeras en el territorio de la República, en este contexto, dada la situación de resistencia y negación por parte del régimen de Maduro, manteniéndose la Fuerza Armada en una posición de rechazo al ingreso de esta ayuda (debido a que si hace lo contrario, no solo aceptaría la situación de crisis negada durante años, también reconocería la legitimidad del Presidente encargado), puede entonces activarse el mencionado mecanismo en estas circunstancias al contar con esta atribución constitucional y adicionalmente el respaldo internacional para ejecutar tal misión militar, dando de esta forma cabida a la apertura del canal humanitario, además de tener como objetivo la terminación de las constantes violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, facilitando así la restitución del hilo constitucional en la nación, encontrándose en concordancia con el mandato de ejecución del canal humanitario realizado por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, y lo señalado en varias oportunidades por el Presidente (e), Juan Guaidó.

De esta manera, es posible señalar finalmente, aludiendo a las afirmaciones realizadas producto del análisis, que existe en la actualidad una posibilidad real, palpable, de que se tenga que recurrir a la autorización de una misión militar extranjera en Venezuela, de acuerdo a lo determinado en la Constitución, debido a que los mecanismos institucionales y diplomáticos intentados anteriormente en muy diversas oportunidades, resultaron ineficaces para dar una solución verdadera a la crisis venezolana, permitiendo a la comunidad internacional reaccionar oportunamente efectuando una injerencia por razones humanitarias, amparados bajo la Responsabilidad de Protección acordada en la Organización de las Naciones Unidas, protegiendo a la ciudadanía venezolana.

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Comentarios ''¿Es posible que se aplique la Injerencia Humanitaria en Venezuela?''/ Por: José A. Acosta/ Trabajo Especial (19 - 2 - 2019)

Felicitaciones extraordinario trabajo especial muy claro y fácil de digerir, tiene usted un futuro preeminente en el derecho político Nacional como internacional, con fuertes actitudes a un puesto en como diputado en nuestra Asamblea Nacional.
Omar Peña Omar Peña 03/05/2019 a las 02:01

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