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Persecución, presos políticos, ejecuciones, torturas y el desastre económico - social aparecen en informe Bachelet (4 - 7 - 2019)

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Da la razón a las denuncias y protestas emitidas durante años

                      Informe Bachelet confirma las

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Caracas (lanación.com).- Michelle Bachelet , Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha adelantado unas horas su informe sobre Venezuela , en el que advierte que si el gobierno de Nicolás Maduro no rectifica continuarán el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país; mientras el resto de ciudadanos sufrirán el empeoramiento de sus condiciones de vida.

Persecución, presos políticos, ejecuciones, torturas y el desastre económico, social y sanitario aparecen en el informe de la ONU , dando la razón a las denuncias y protestas emitidas durante años por organizaciones nacionales e internacionales y el propio Parlamento democrático.

"Existen pruebas razonables para creer que en Venezuela se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud", sostiene la expresidente chilena, que visito el país semanas atrás y ahora aboga porque el chavismo adopte medidas inmediatas para detener y remediar las graves vulneraciones de los derechos. En las 13 medidas urgentes propuestas destacan la liberación de los presos políticos, la disolución de las Fuerzas Especiales de la Policía (FAES) y el cese de la persecución política.

"Un sacerdote católico me dijo en Caracas: 'No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente'. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho", precisa Bachelet.

La Alta Comisionada constata lo que casi todo el mundo sabe en Venezuela: la puesta en marcha de una estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al gobierno". Su oficina ha documentado 66 muertes durante las protestas de enero a mayo, de las cuales atribuye al menos 52 a fuerzas gubernamentales.

El informe de la ONU detalla las detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones. La penúltima víctima de estas prácticas es el capitán naval Rafael Acosta, que murió el sábado pasado tras las terribles torturas sufridas durante una semana de arresto ilegal en una de las sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Bachelet señala a policías, militares y grupos armados civiles progubernamentales, conocidos como colectivos, importantes para "imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones".

Otro capítulo es el de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las FAES, "sorprendentemente elevadas", según señala el informe. En 2018 el Gobierno registró 5287 muertes, supuestamente por "resistencia a la autoridad", en el curso de esas operaciones. Entre el 1° de enero y el 19 de mayo del presente año, otras 1569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio Gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores, adelanta el informe.

"El gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas -entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia-y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión. La situación es compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas", destaca Bachelet. En los 13 días transcurridos desde ese acuerdo, el gobierno ya lo ha incumplido, al impedir a los dos oficiales de la ONU comprobar el estado de los militares detenidos en la Dgcim.

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