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Ministerio Público solicita orden de aprehensión contra el Zar del Oro de El Callao (1 - 11 - 2018)

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Esta mafia ocasionó un daño patrimonial al país de 6 millones de dólares

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Caracas (Prensa MP).- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció que fue solicitada una orden de aprehensión contra el Zar del Oro de El Callao, Eduardo Enrique González Mejías, conocido también como “Comandante El Tati”, por su presunta vinculación con la extracción y contrabando ilícito de oro en el estado Bolívar.

“Es un duro golpe contra el contrabando de oro en El Callao, contra estos grupos criminales que pretenden instaurar un estado al margen de la ley en las zonas mineras”, advirtió Saab en declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación en la sede principal del Ministerio Público en Caracas.

Informó que también fue librada una orden de captura por estos hechos contra el exjefe de la Oficina Nacional de Fiscalización e Inspección Minera, Higinio Alfredo Benítez Mendoza.

La máxima autoridad del Ministerio Público informó que las órdenes de captura fueron acordadas por el Tribunal 1° de Control Antiterrorismo del Área Metropolitana de Caracas por la presunta comisión de los delitos de contrabando agravado, tráfico de material estratégico y asociación.

Explicó que a partir de una investigación iniciada el 27 de septiembre, se determinó que Benítez Mendoza autorizó ilícitamente la exploración y explotación de minas a González Mejías, quien a través de su empresa Molinos La Vanguardia monopolizó la sustracción de oro en el estado Bolívar.

Señaló que Mejías habría financiado bandas criminales dedicadas a la sustracción y procesamiento ilegal del referido metal con el propósito de comercializarlo fuera del país de forma irregular, a pesar de que la venta de este metal debe hacerse a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), siempre que sea extraído en yacimientos legales.

En este sentido, Sabb resaltó que el exjefe de la citada Oficina no efectuó la verificación correspondiente durante las labores de búsqueda del metal en las minas, de acuerdo con las normas establecidas para esta labor; además, no supervisó que la producción generada hubiese sido destinada a Minerven.

Las acciones ilícitas ocasionaron un daño patrimonial al país de 6 millones de dólares, tras el contrabando de 150 kilos de oro en el transcurso del año 2018.

“Este tipo de mafias buscan enriquecerse de un bien estratégico para el país y generar violencia al peor estilo de las mafias colombianas”, advirtió Saab.

Extradición de la extesorera

En el encuentro con la prensa nacional, el Fiscal General resaltó que la legitimidad del Ministerio Público fue ratificada con la aprobación, por parte de la Audiencia Nacional española, de la extradición a Venezuela de la exjefa de la Oficina Nacional del Tesoro, Claudia Patricia Díaz Guillén.

“Con la extradición de Díaz Guillén se reivindica la legitimidad nacional e internacional de nuestro Ministerio Público”, expresó Saab.

Agregó que esta solicitud recibió la anuencia de la Audiencia Nacional Española el pasado 25 de octubre, y continúa en proceso ante ese tribunal el requerimiento de entrega de su esposo, Adrián Velásquez.

Añadió que la pareja debe responder ante la justicia venezolana por la comisión de los delitos de legitimación de capitales, asociación y enriquecimiento ilícito.

Reveló que Díaz Guillén y Velásquez Figueroa figuran en los Papeles de Panamá.

Detalló que “sus nombres aparecen como unas de las personas que utilizaron el bufete Mossack Fonseca para la creación de empresas con fines delictivos. Recordemos que esta pareja creó entre 2011 y 2012 al menos siete empresas off shore en Panamá, así como una en La Florida, Estados Unidos, para ocultar transacciones financieras irregulares”.

Por otra parte, ofreció un balance de las extradiciones logradas por gestiones del Ministerio Público desde agosto de 2017. Detalló que fueron aprehendidas en el extranjero 87 personas, tras ejecutarse las alertas rojas requeridas.

También, reveló que 57 de las extradiciones efectuadas por el organismo garante de la legalidad en el país han sido declaradas procedentes, 9 improcedentes y 21 están en trámite. Esto reafirma "la titularidad de nuestra acción penal, totalmente diferente a la pasada gestión que fue cómplice de los corruptos y delincuentes”, aseguró.

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